El Gobierno libertario tiene listo un nuevo decreto de necesidad y urgencia para derogar más de 40 leyes. El documento, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y se publicará en el Boletín Oficial antes de que finalice abril. Uno de los organismos que sería disuelto es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En comunicación telefónica con La Nueva, Félix Díaz, jefe de la Comunidad Potae Napogna Navogoh, en Formosa, expresó su postura respecto a esta decisión del gobierno nacional.

"La verdad es que nunca fuimos consultados sobre las decisiones políticas que se toman respecto a los pueblos indígenas de Argentina. El INAI, creado en 1989 como un ente de aplicación, debería ser el nexo entre el Estado y los pueblos indígenas para garantizar el respeto que merecemos. También debería articular con los institutos provinciales, pero eso nunca sucedió. Las leyes no se aplican como corresponde.

Uno de los problemas graves es que, según el artículo quinto de la Ley 23.302, el Poder Ejecutivo designa al presidente del INAI. Desde ahí nace la manipulación política: los pueblos indígenas no tenemos derecho a elegir a nuestro representante ante el gobierno nacional. Cuando reclamamos al INAI, no obtenemos respuestas porque no elegimos a su presidente. Esto les permite ignorar nuestro sufrimiento, la falta de acceso al agua, la inseguridad jurídica sobre nuestras tierras y la vulneración sistemática de nuestros derechos mediante el silencio de los organismos estatales creados para protegernos.

Para nosotros, lo ideal sería la creación de un Ministerio para los Pueblos Indígenas. El INAI es solo una secretaría que depende del Poder Ejecutivo y no tiene recursos propios para financiar proyectos de desarrollo. Siempre tiene que depender de otros ministerios. Por eso, nunca han llegado fondos reales a las comunidades indígenas para mejorar nuestras condiciones de vida. Solo se han generado contratos, empleando a muchas personas en distintas provincias que pertenecen al INAI, pero sin integrar a indígenas en el diseño de políticas públicas. El INAI no está al servicio de los pueblos indígenas, sino de los partidos políticos.

En 2016, fui elegido presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. Nuestra propuesta fue reformar la Ley 23.302 y reconocer legalmente la figura de la consulta libre, previa e informada, especialmente en proyectos productivos o de explotación de recursos naturales como la minería, el petróleo o el litio en territorios indígenas. Es fundamental que las comunidades comprendan los proyectos y participen activamente, algo que no sucede.

También presentamos un proyecto para que el Congreso sancione una ley de propiedad comunitaria indígena. La inseguridad jurídica de nuestras tierras es un problema central. Formosa, que se jacta de integrar a los pueblos indígenas, creó el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) según la Ley 426. El artículo 30 de esa ley le otorga al ICA la administración de bienes como inmuebles, automotores y ganado. Esto convierte al ICA en el propietario legal de las tierras indígenas y le permite tomar decisiones arbitrarias. Si quiere registrar un tractor a nombre de una comunidad, puede hacerlo, pero sigue siendo propiedad del ICA. Así desaparecieron los bienes que antes eran de las comunidades. Las tierras que hoy estamos perdiendo son decididas por el ICA, jurídica y políticamente. En 2007 nos despojaron de 2.042 hectáreas, reconociendo solo la comunidad como reserva indígena mediante varios decretos nacionales y provinciales desde 1940.

El ICA destruyó todo lo que consideró una amenaza: la organización, la educación y la profesionalización de los pueblos indígenas. En 1996, con un decreto del gobernador Gildo Insfrán, el ICA fue degradado a subsecretaría, dependiente del Ministerio de la Comunidad. En el año 2000, otro decreto (el 733) ratificó esta reducción. El presidente del ICA pasó a ser subsecretario; los directores, vocales; y los administradores en comunidades, coordinadores. Al reducir su jerarquía, perdió presupuesto propio. La caja especial creada a nombre de los pueblos indígenas hoy está administrada por el Ministerio de la Comunidad, que distribuye esos fondos entre todos los municipios formoseños.

Como pueblos indígenas, no tenemos dónde canalizar nuestros reclamos. El INAI no responde. El Ministerio del Interior, que debería ser el nexo entre el INAI y las comunidades, tampoco actúa. Dialogamos con el presidente Macri cuando estuvo en funciones, intentamos hacerlo con Alberto Fernández sin éxito. Acampamos tres años en Plaza de Mayo pidiendo una audiencia y no fuimos escuchados. Con la llegada de Javier Milei, prometieron resolver los problemas y reconocernos como parte de la política pública, pero seguimos sin respuestas. No tenemos un espacio propio para presentar nuestras propuestas.

Argentina ha adherido al Convenio 169 de la OIT y a las declaraciones de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Ley 24.071 fue sancionada tomando el contenido del Convenio 169, pero desde el año 2000 el Poder Ejecutivo no la reglamenta. Esto demuestra la falta de voluntad política para reparar los daños cometidos contra los pueblos indígenas o integrarlos en las decisiones nacionales.

Nos siguen viendo como si no fuéramos humanos, como si no formáramos parte de este país. Por eso sufrimos. No tenemos acceso al agua, a la educación, a la salud. Nuestros jóvenes deberían estar en las universidades, formarse como profesionales, no limitarse a ser enfermeros, choferes o empleados municipales.

Protestar es un desgaste físico y emocional. Sin abogados ni recursos, mendigar bajo la intemperie es agotador. Ninguna institución hizo lo que nosotros hicimos: acampar durante años en pleno centro de la capital federal. Fue una decisión dura. Te exponés, te discriminan, porque hay racismo. No todos los argentinos nos rechazan: hay quienes entienden nuestro reclamo. Pero muchos discursos presidenciales destacan su origen europeo. Exportan materias primas a Europa mientras Argentina se empobrece y los pueblos indígenas seguimos sin ser reconocidos como parte del país. Por eso sufrimos discriminación, injusticia y falta de acceso a la justicia."