En una comunicación con La Nueva, el diputado nacional Fernando Carbajal se refirió al futuro de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, en caso de que el Senado rechace su designación por decreto para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Carbajal explicó que para que el Senado apruebe los nombramientos es necesario contar con el apoyo de dos tercios de la Cámara. Si no se alcanza esa mayoría, la postulación quedaría rechazada y archivada. En el caso particular de García Mancilla, su designación en comisión hasta noviembre es un tema constitucionalmente debatible. A pesar de que podría argumentar su permanencia en el cargo, el legislador considera que lo más probable es que renuncie.

"Desde el punto de vista estrictamente jurídico, podría pelear por su permanencia, pero desde una óptica de ética política y decencia constitucional, no correspondería que siga ocupando ese cargo", sostuvo Carbajal. Además, afirmó que la situación abrirá un abanico de posibilidades, tanto en la decisión personal del juez como en el eventual debate judicial sobre su continuidad.

Respecto a Ariel Lijo, Carbajal fue tajante: "Proponerlo es una cachetada para los muchos funcionarios judiciales honestos del país. Su nominación demuestra que, para ascender en la carrera judicial, hay que negociar con el poder político". Según el diputado, Lijo representa "lo peor de la Justicia Federal" y su desempeño ha sido "ineficiente y cómplice de la corrupción".

Sobre García Mancilla, Carbajal indicó que, aunque inicialmente no había objeciones sobre su integridad, su actuación reciente genera dudas. "Dijo en el Senado que no asumiría por decreto y luego terminó haciéndolo. Esto demuestra una falta de integridad grave", enfatizó. Según su análisis, más allá de las diferencias ideológicas, la credibilidad y la coherencia son fundamentales para ocupar un cargo en la Corte.

Carbajal señaló que el gobierno deberá negociar y buscar consensos, algo que no ha hecho en este caso. "Se necesitan dos tercios del Senado, y hay antecedentes de consensos logrados, como en la época de Macri con las designaciones de Rosenkrantz y Rosatti", recordó. Para el diputado, la falta de acuerdo ha llevado a un estancamiento que afecta otros nombramientos clave, como el del Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Finalmente, el legislador explicó que la designación de jueces en comisión es una facultad del Poder Ejecutivo en situaciones extraordinarias, pero que su aplicación a García Mancilla genera debate. "Si en vez de él, el Presidente hubiese designado a otro abogado, la situación tendría otro carácter. Pero al coincidir la persona con un candidato previamente rechazado, surgen cuestionamientos legales y políticos", concluyó Carbajal.