En medio de la polemica por el ajuste en discapacidad en el presupuesto, Mario Lugones avanzó con una disposición que quita exenciones y establece aranceles a medicamentos y dispositivos importados de alto costo, en línea con la alianza que tiene con los laboratorios locales que lidera Hugo Sigman, imputado por el escándalo de las vacunas contra el Covid.

La medida golpea de lleno a pacientes con patologías graves y personas con discapacidad que dependen de insumos que no se producen en el país y que sufrirán un incremento en el valor de los medicamentos, ya que la imposición de los aranceles se trasladará a precios.

La disposición 5461 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que depende del Ministerio de Salud aplica un arancel por la intervención del organismo en el despacho a plaza de productos importados.

Se trata de un cargo del 1,5% del valor de la mercadería y de 1,25% para operaciones de mayor monto, con topes 5 millones para productos médicos y 12 millones de pesos para medicamentos.

Sigman se impuso a Sturzenegger y borran el capítulo de los laboratorios de la Ley de Patentes 

La medida entró en vigencia en septiembre y disparó alarmas en obras sociales y prepagas que advierten que esta imposición amenaza con agravar su delicada situación. Lugones volvió asi a ubicarse del lado de Sigman en la pulseada que mantiene con el ministro Federico Sturzenegger para abrir la importación a medicamentos.

La medida golpea de lleno a pacientes con patologías graves y personas con discapacidad que dependen de insumos que no se producen en el país y que sufrirán un incremento en el valor de los medicamentos.

El pago del arancel pasó a ser condición para continuar cualquier trámite pero, a la fecha, no se dictó el procedimiento ni el código de pago para aplicar el nuevo arancel, por lo que están frenados los trámites de pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no cuentan con un canal de atención definido.

El empresario Hugo Sigman.

NA

En el sector además denuncian que la disposición agrega un costo a los financiadores del sistema de salud y contradice la Resolución 1388 del Ministerio de Economía que exime de derechos de importación y tasas aduaneras a los medicamentos y bienes que las personas con discapacidad necesitan para su tratamiento o rehabilitación.

Más allá de eso, Lugones advirtió internamente que no aceptará pedidos de exención y que las otorgadas hasta ahora quedan sin efecto.

El cobro se concentra en las importaciones de mayor complejidad y valor: dispositivos médicos Clase III y IV y medicamentos de alto costo. Como el arancel crece con el precio del producto, cuanto más caro es el tratamiento, mayor es el monto a pagar.