El abogado Juan Sebastián Montoya impulsó una presentación en el fuero federal que apunta contra el jefe comunal de Clorinda, funcionarios, exediles y un entramado de empresarios. La causa investiga doce hechos de malversación, sobreprecios en obras públicas —como el monumento a la cruz y el césped sintético— y la contratación de una firma constructora creada arbitrariamente al asumir la gestión.

El escándalo político e institucional en la ciudad de Clorinda escala a los estrados federales. Tras la desestimación de expedientes en el ámbito provincial, un equipo de profesionales integrado por abogados y contadores formalizó una grave denuncia penal que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos y la ejecución de obras municipales bajo la administración del intendente Ariel Caniza.

En comunicación telefónica con Radio La Nueva, el abogado patrocinante Juan Sebastián Montoya detalló los ejes centrales de la presentación, justificando la competencia federal a partir del origen de los recursos y la tipificación del delito de lavado de activos.

Montoya explicó que la investigación no se limita a irregularidades administrativas, sino que abarca un amplio abanico de figuras delictivas graves contempladas en el Código Penal y en los tratados internacionales contra la corrupción asumidos por el Estado Argentino:

• Calificación legal: A los denunciados se les atribuye incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación, malversación en perjuicio del Estado y, como colágeno principal, lavado de activos.

• El origen de los fondos: El letrado remarcó que el 95% de los fondos que administra el municipio de Clorinda provienen de la coparticipación federal a través de la provincia, descartando que la recaudación local solvente el presupuesto de la comuna. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, la magnitud de los fondos nacionales involucrados y las maniobras de lavado otorgan naturaleza federal al expediente.

• Involucrados: Además del intendente Ariel Caniza, la denuncia apunta contra un séquito de empresarios, una exconcejal que presidía el Concejo Deliberante y el edil Diego Mendoza.

«No estamos hablando de algo menor; son doce hechos sustentados con documentación analizada por contadores. El colorario de todo esto es el lavado de activos, y eso es lo que le da la competencia ineludible a la Justicia Federal, tal como lo ha determinado la Corte Suprema», sostuvo Montoya.

La denuncia detalla sobreprecios evidentes y maniobras de direccionamiento en la contratación de obras públicas que ya habían sido cuestionadas públicamente en la ciudad, tales como la construcción de un monolito, la colocación de césped sintético y los trabajos en la cruz del oratorio o monumento a la fe.

• Una constructora exprés: Uno de los puntos más comprometedores revelados en la causa involucra a la firma «Construir de Colcomber», adjudicataria de las obras municipales. Según los registros públicos, la empresa inició sus actividades comerciales en febrero de 2025, casualmente la misma fecha en que Ariel Caniza asumió la intendencia interina.

• Sin estructura ni antecedentes: La inspección documental y los rastreos geográficos en su presunto domicilio fiscal —ubicado en el paraje Palma Sola, sobre la Ruta 20— demostraron la inexistencia de un corralón o sede empresaria, sumado a la total ausencia de empleados registrados.