Las casas de estudio se muestran firmes en la previa de la marcha de este jueves. Por su parte, en Casa Rosada buscarán apelar la decisión del juez que le impuso una sanción económica a Diego Santilli

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apelará tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.

La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

“El Gobierno Nacional apelará la decisión del juez Martín Cormick, un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del Presidente de Javier Milei y de todos los argentinos”, anticiparon fuentes de Casa Rosada.

En este sentido, en Balcarce 50 aseguraron que el magistrado tiene “un pasado y amigos en La Cámpora“ y que, por ejemplo, ya “anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes“.

“Además, el ex titular de la Inspección General de Justicia se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de la camporista y actual diputada nacional Luana Volnovich”, recordaron en el oficialismo.

El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.

La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.

En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.

En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.

“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así. Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó a Infobae un alto representante de una casa de estudio.

Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.

“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas. Es un papelón institucional”, sostienen.