El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gianlluca, expresó en La Nueva su preocupación tras la derogación de la resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), medida publicada recientemente en el Boletín Oficial. Esta resolución dejaba sin efecto los baremos médicos, tablas técnicas que establecen los porcentajes de discapacidad utilizados en las auditorías para acceder a pensiones por discapacidad laboral.

Según Gianlluca, la eliminación de estos criterios genera un grave vacío legal y una gran incertidumbre en torno a las evaluaciones médicas que se realizan actualmente en todo el país. "No hay un criterio médico oficial para fijar los porcentajes de discapacidad", advirtió el funcionario, y remarcó que esto complica seriamente el proceso de auditorías que sigue vigente en Formosa.

El defensor informó que desde su oficina se ha recomendado a todas las personas que reciban cartas documento de citación que se presenten igual a las evaluaciones, llevando su documentación médica o justificando su inasistencia si no pueden concurrir. “Es fundamental evitar que se suspenda o dé de baja el beneficio”, señaló.

Durante la jornada, muchas personas de distintos puntos de la provincia se acercaron a la Defensoría del Pueblo para asesorarse, reflejando la inquietud generalizada que se vive en otras provincias del NEA. Gianlluca remarcó que “no se puede continuar con una auditoría sin contar con criterios médicos claros y uniformes”.

También expresó que se solicitó un informe al director ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Espagnolo, para esclarecer cómo se evaluará a quienes no pudieron presentar a tiempo los estudios médicos o no concurrieron a las citaciones previas. “Hay personas que no pudieron hacerse los estudios porque no tienen recursos y los turnos en hospitales públicos son a largo plazo. A esto se suma ahora la falta de criterios claros para las evaluaciones”, denunció.

Asimismo, alertó sobre la posible afectación al Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que otorga derechos y que el Estado tiene la obligación de emitir. “Hoy está en duda incluso ese certificado, y no hay respuestas ni de la ANDIS ni del Ministerio de Salud de la Nación”, lamentó.

Finalmente, Gianlluca pidió que se dé participación a las provincias y a las organizaciones civiles en la elaboración de una nueva normativa que respete estándares nacionales e internacionales, y reiteró que, mientras no se oficialice un nuevo marco legal, “las personas deben seguir asistiendo a las auditorías para no perder sus derechos”.