La decisión del Gobierno Nacional de quitar el financiamiento de los boletos gratuitos en colectivos desató el rechazo de las asociaciones. En diálogo con Radio La Nueva, Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación Caminos Azules de TEA Formosa, advirtió sobre el impacto de la medida, el conflicto paralelo con las obras sociales y anticipó que preparan amparos colectivos con la Defensoría del Pueblo.

FORMOSA – La reciente medida del Gobierno Nacional de eliminar el financiamiento y cortar los subsidios estatales para los pasajes gratuitos en colectivos de larga distancia generó una profunda alarma y un fuerte rechazo en el sector de la salud y la discapacidad. Con esta resolución, el Estado Nacional delega la total responsabilidad de la gratuidad —destinada a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer— de forma directa en las empresas privadas de transporte.

En comunicación telefónica con Radio La Nueva, Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación Caminos Azules de TEA Formosa, expresó el escenario de "rabia, dolor e impotencia" que atraviesan los hogares afectados:

"Si el Estado no cumple con las leyes que están vigentes, como la ley de discapacidad, ¿cómo vamos a creer que una empresa privada va a garantizar los pasajes gratuitos? Le están tirando toda la responsabilidad a los privados y desligándose totalmente de su rol, que es velar por los derechos de los más vulnerables", fustigó.

El primer impacto negativo y la realidad provincial

Desde el Gobierno Nacional justifican la quita del subsidio asegurando que el derecho a viajar sin costo sigue vigente por ley y que las empresas de micros de larga distancia están obligadas a absorber el gasto y respetar los cupos. Sin embargo, Santa Cruz advirtió que las consecuencias negativas ya comenzaron a registrarse en el país.

"En Córdoba, por ejemplo, ya se cortó todo; hay empresas que decidieron no otorgar ningún boleto argumentando que 'no hay más lugar' o 'no hay más cupo'. Si antes, cuando el Estado pagaba el subsidio, ya recibíamos denuncias en la radio de colectivos que no querían subir a las personas con discapacidad, no me quiero imaginar lo que va a ser ahora", señaló con preocupación.

En contraste con la situación nacional, la referente destacó un alivio en el plano local:

• Cobertura provincial: "Lo bueno es que en la provincia de Formosa los pasajes se siguen cubriendo dentro del territorio. Las familias del interior pueden seguir viajando y viniendo a la capital para sus tratamientos".

• El drama de los viajes extensos: El problema crítico recae sobre quienes deben trasladarse fuera de la provincia. "Aquellas familias formoseñas que obligatoriamente deben viajar a Buenos Aires por tratamientos de alta complejidad son las que ahora se enfrentan a una verdadera odisea", detalló.

Un sistema de salud en crisis: el conflicto con las obras sociales

Para las organizaciones civiles, el quite de los pasajes no es un hecho aislado, sino que se suma a un panorama de ahogo financiero que arrastran los prestadores de salud. Santa Cruz comparó la situación de los micros con lo que el Gobierno Nacional permitió en el sector de la medicina privada.

"Dejaron que las obras sociales pusieran el precio que quisieran pagar a cada prestador y que paguen cuando tengan ganas. ¿El resultado? Hay obras sociales que deben prestaciones desde octubre y noviembre del año pasado. Millones de personas en el país se quedaron sin sus terapias elementales porque los profesionales ya no pueden sostener el servicio", denunció.

Fatiga familiar y presentación de amparos

Ante la sugerencia de algunos sectores que instan a los afectados a movilizarse, la presidenta de Caminos Azules fue categórica respecto al desgaste emocional: "Las familias están cansadas y devastadas. Imaginen el cansancio que ya arrastra de por sí una familia con un hijo que es paciente oncológico. No es justo que nos pongan mil trabas y que vayan ajustando siempre a los que más necesitan. No estamos pidiendo un privilegio, es un derecho".

Hacia el final de la entrevista, Santa Cruz anticipó las acciones legales que se instrumentarán desde la provincia para intentar frenar el impacto de la desregulación nacional: "Ya estamos en contacto y hablando con la Defensoría del Pueblo, que siempre nos acompaña en estos casos, para presentar un amparo colectivo. Esto es una locura y es desgastante. ¿A través de correos electrónicos vamos a tener que implorarle a una empresa para que nos dé un pasaje para llevar a un hijo a un tratamiento médico?", concluyó.