El director de Bromatología de la ciudad de Formosa, Dr. Jorge Tarantini, informó que durante el fin de semana se detectó y clausuró una fiesta clandestina en una quinta, donde se cobraba entrada y se constató la presencia de menores consumiendo alcohol. La intervención se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia, tras una denuncia recibida alrededor de la 1:45 de la madrugada del sábado.

Según explicó Tarantini en diálogo con La Nueva, al llegar al lugar los inspectores constataron que no se trataba de un evento familiar ni un cumpleaños, sino de una fiesta privada sin autorización, en la que se cobraba entrada y había consumo de bebidas alcohólicas. Por este motivo, a las 2:30 de la madrugada se procedió a suspender el evento y clausurar la quinta.

Entre las infracciones detectadas se encuentran la permanencia de menores fuera del horario permitido, la falta de autorización para realizar el evento y la ausencia de control sobre la actividad. “En estos casos, quienes deseen realizar una fiesta privada deben completar un formulario y abonar una tasa municipal de aproximadamente 1.200 pesos para obtener el permiso”, detalló el funcionario.

Tarantini indicó que este tipo de eventos clandestinos se detectan con una frecuencia aproximada de cada 15 días. En muchos casos, los propietarios de las quintas desconocen el uso real que se le dará a su inmueble, ya que los inquilinos declaran que harán una reunión familiar y luego terminan organizando fiestas con difusión en redes sociales.

El director de Bromatología subrayó que la ordenanza vigente establece la responsabilidad solidaria tanto del organizador como del propietario del inmueble, aunque este último puede realizar un descargo. “La sanción queda en manos del juez, que evalúa cada caso en particular”, agregó.

Además, el funcionario se refirió a las quejas constantes de vecinos por ruidos molestos, especialmente en gimnasios, talleres y eventos religiosos. “No solo en gimnasios, también recibimos denuncias por otras actividades. Por eso los inspectores deben acudir en distintos horarios y de manera encubierta para poder medir los decibeles sin que se altere la situación”, explicó.

La problemática se agrava cuando no se logra constatar el exceso de ruido en el momento de la inspección, lo que genera malestar en los denunciantes. En ese sentido, Tarantini reconoció que también se han recibido denuncias contra iglesias evangélicas por el mismo motivo.

“Tratamos de mediar entre las partes y buscar soluciones, aunque a veces los conflictos tienen componentes personales que dificultan una resolución definitiva”, concluyó.