En comunicación con La Nueva, la fiscal N.º 4 Natalia Tafetani brindó detalles sobre el operativo “Aliados por la Infancia IV”, llevado a cabo este martes en el barrio La Pilar. Durante el procedimiento, se detuvo a una persona que, al momento del allanamiento, estaba reproduciendo un video con material de abuso sexual infantil en una computadora portátil.

Un operativo de alcance internacional
“Se trató de un procedimiento internacional organizado desde Argentina, el cuarto que se realiza en nuestro país bajo el nombre 'Aliados por la Infancia'. Participaron seis países y 14 provincias argentinas, incluida la nuestra”, explicó la fiscal. En Formosa, se realizó un único allanamiento, mientras que en otras provincias se llevaron a cabo entre cuatro y cinco procedimientos, dependiendo de los objetivos específicos.

Redes internacionales y coordinación simultánea
Tafetani explicó que la investigación comienza meses antes, con información recibida a través de un grupo cerrado y un programa especial. “Se trata de redes, como grupos de WhatsApp o Telegram, donde los integrantes comparten contenido en tiempo real. La simultaneidad en los operativos es clave para evitar que se elimine información o pruebas”, detalló.

El trabajo de inteligencia previo incluyó la identificación del sospechoso y un análisis socioambiental del lugar. "Una vez identificados los objetivos, solicitamos la orden de allanamiento al juez Marcelo López Picabea, con la intervención de la fiscal Julieta Alucín, quien continuará con la causa. El operativo se llevó a cabo de forma simultánea en todas las provincias y países involucrados, ajustándose a las diferencias horarias y legislativas", añadió.

Detención en flagrancia
Durante el allanamiento en el barrio La Pilar, el detenido fue sorprendido en flagrancia reproduciendo un video con material de abuso sexual infantil. “Inmediatamente solicitamos la orden de detención, que fue concedida por el juez. Actualmente, está detenido mientras se analiza el contenido de los dispositivos electrónicos encontrados”, informó Tafetani.

Delitos y penas aplicables
La fiscal subrayó que, aunque el acceso y la tenencia de este tipo de material ya constituyen un delito, la producción de contenido agrava significativamente la pena. “Si encontramos pruebas de producción —como grabaciones realizadas por el propio detenido o material donde se evidencia la participación de menores—, la pena mínima aumenta a cuatro años, lo que impide la posibilidad de libertad condicional”, explicó.

Finalmente, enfatizó la importancia de combatir estas redes. “Cada vez que alguien accede a este material, hay un niño siendo victimizado. Por eso es fundamental que las plataformas y las autoridades sigan detectando y denunciando estas conductas”.

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