En comunicación con radio La Nueva, familiares de alumnos de la EPES N° 31 del barrio Emilio Tomás expusieron una alarmante situación de agresiones reiteradas, sanciones cruzadas, negativa directiva a observar pruebas y temor por la seguridad de los estudiantes.

Sanciones polémicas y negativa a revisar pruebas

• El caso del alumno agredido: Una madre denunció que su hijo de 12 años, cursando el primer año, fue agredido el pasado 22 de septiembre y que, lejos de recibir protección, la institución también le impuso una sanción de siete días de suspensión.

• Negativa directiva: La tutora cuestionó que la directora se negó a visualizar un video aportado como evidencia bajo el argumento de que «no mira cosas de violencia», limitándose a sancionar tanto al menor agredido como a una compañera por filmar y avisar al preceptor.

• Impacto académico: La madre señaló que esta medida disciplinaria afectó al estudiante en pleno periodo de cierre de notas y mesas de exámenes, mientras que las autoridades escolares minimizaron la gravedad de los hechos.

Amenazas graves, ausentismo y temor generalizado

• Amenazas de agresión física y armas: Por otra parte, la madre denunciante que había destapado el conflicto relató que su hijo no está asistiendo a clases debido a que fue amenazado por otros alumnos de cuarto año con «querer quebrarlo» e incluso trascendió el comentario sobre la posible presencia de un arma.

• Incertidumbre y falta de asesoramiento: La mujer advirtió que las inasistencias le continúan corriendo al menor y que se le intenta culpar de la situación, encontrando trabas para avanzar legalmente por la falta de recursos para contratar un abogado que la acompañe en el juzgado.

• Nuevos casos de violencia: Durante los testimonios se sumaron otras denuncias de gravedad, como el caso de un alumno a quien habrían intentado lesionar introduciéndole un lápiz en el ojo dentro del establecimiento, sin que la dirección brinde respuestas ni escuche los reclamos.

Llamado a la comunidad educativa

• Reclamo de los tutores: Ante la escalada de hechos de violencia y la falta de intervención efectiva por parte del equipo directivo, los padres exigieron mayor presencia policial en los ingresos y convocaron a otras familias a sumarse y visibilizar los abusos para frenar la problemática en el colegio.