“En determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida. Este posicionamiento se basa en el respeto por la autonomía, la dignidad y la libertad individual. Es por ello que quienes firmamos esta carta expresamos nuestro apoyo al debate y la sanción de una Ley de Eutanasia en Argentina”.

Así de contundente y precisa empieza la Carta pública de adhesión a una Ley de Eutanasia en Argentina que se dio a conocer hace algo más de dos semanas y que ya cuenta con las firmas de más de 5.400 personas que respaldan la legalización de la asistencia médica para morir en el país.

La carta pública está impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, que, aunque acaba de formalizarse con nombre y logo, reúne a algunas personas que desde hace años -e incluso décadas- abogan por el debate sobre la autodeterminación en el final de la vida.

Entre esas personas se cuentan la doctora en Derecho Marisa Herrera, especializada en derechos humanos y de familia, el médico obstetra Mario Sebastiani, ex presidente y actual integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano, el abogado Ignacio Maglio, especializado en derecho médico e integrante de distintos comités de bioética, y Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Conicet especializado en derechos en salud.

En concreto, la carta pública que no para de acumular adhesiones insta al Congreso a que promueva “un debate plural, informado y respetuoso, basado en evidencia, orientado a reconocer derechos y dar respuesta a situaciones humanas complejas que hoy carecen de un marco legal adecuado”.

Actualmente, en la Argentina no hay legislación que habilite el acceso a la asistencia médica para morir ni el suicidio asistido. La única diferencia entre ambos procedimientos es quién administra la sustancia letal: en el caso de la eutanasia, lo hace un profesional de la salud; en el suicidio asistido, lo hace el propio solicitante, que accede a esa sustancia de manera legal.

Lo que sí hay en la Argentina, más específicamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, son al menos cinco proyectos que proponen la legalización de la eutanasia y que cuentan con estado parlamentario, es decir, están en condiciones de ser debatidos en comisiones y en el recinto.

Algunos de los impulsores históricos de esos proyectos -que en algunos casos han presentado varias veces, tras la pérdida del estado parlamentario-, son Julio Cobos y Miguel Ángel Pichetto.

“Lo que hicimos viaras de las personas que venimos hablando y trabajando en el tema desde hace tiempo fue redactar una carta con la que pretendemos avanzar en un proyecto transversal, en el que se puedan poner de acuerdo no sólo los autores sino también los demás firmantes de los distintos proyectos que ya existen”, le explica Mario Sebastiani a Infobae.

Algunos de los firmantes de la carta son pesos pesados de cada una de sus disciplinas: están los juristas Ricardo Gil Lavedra, Aída Kemelmajer de Carlucci y Roberto Gargarella, el dramaturgo Mauricio Kartún, la escritora Claudia Piñeiro, las actrices Mercedes Morán y Laura Novoa, y distintos representantes de las ciencias sociales, como Dora Barrancos, Camila Perochena, Diana Maffía, Pablo Semán y Maristella Svampa.

“Son firmas notables que nos ayudan a impulsar el debate”, define Sebastiani, que asegura que “la carta se va reenviando y el número de firmas sigue creciendo”. El siguiente paso será instar a las distintas comisiones de la Cámara Baja que podrían tener injerencia en un proyecto así -como Salud o Legislación General- para que habiliten la participación de voces expertas y referentes con distintas miradas y posiciones sobre el tema para que se expidan en el Congreso.

Se parece, en ese sentido, al proceso que atravesó la legalización del aborto durante 2018, cuando fue debatido por referentes a favor y en contra de esa ley que, finalmente y tras un primer revés en el Senado, se sancionó en diciembre de 2020.

Ese “proyecto transversal” que pueda contar con el apoyo de una amplia variedad de legisladores contemplaría, según afirma la carta pública, la objeción de conciencia disponible para los trabajadores de la salud. Eso implicaría que los profesionales que se declaren objetores no estarían obligados a ejecutar la práctica.

“A la vez, apuntamos a que un proyecto transversal no sólo contemple un cuadro terminal o de padecimiento insoportable en términos de salud física, sino también a casos de salud mental, sobre los que por supuesto la supervisión y evaluación de las solicitudes deberá ser muy caso por caso”, sostiene Sebastiani.

Cuando hablamos del acceso a la eutanasia y al suicidio asistido hablamos de una decisión de la vida privada, de la libertad de las personas, de su autonomía y su autodeterminación. Por eso creemos en la importancia de impulsar este debate y este derecho”, suma el médico.

Uruguay fue el último país del mundo en legislar el acceso a la eutanasia. Fue en octubre del año pasado y hace algo menos de un mes se llevó a cabo el primer procedimiento: la solicitante, que cumplió con todos los protocolos requeridos por la ley, fue una mujer de 69 años diagnosticada con cáncer de páncreas terminal.

En Argentina, se dieron a conocer varias batallas judiciales de personas que, por sus condiciones de salud, intentaron acceder a ese procedimiento. Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fueron dos de los casos más resonantes.

En enero de este año, tal como contó Infobae, murió María del Carmen Ludueña, que había pasado los últimos siete años de su vida postrada y que había presentado su pedido de acceso a la asistencia médica para morir ante la justicia bonaerense.

El debate por el acceso a la eutanasia y el suicidio asistido no es nuevo en la Argentina. Pero nunca llegó a tratarse en el Congreso, incluso ante la insistencia de algunos legisladores. Lo que sí es nuevo es esta carta pública que apuesta a un proyecto de ley transversal y a que sean escuchadas las distintas voces que apuestan a que una persona, en un escenario irreversible de enfermedad o sufrimiento, pueda decidir sobre su propia vida.