El Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, confirmó que el juez federal Pablo Morán sancionó económicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por no acatar una orden judicial que exigía el pago de pensiones no contributivas suspendidas en la provincia. La decisión judicial no solo impuso una multa por cada día de incumplimiento, sino que también inició una causa penal contra el interventor de la ANDIS por "incumplimiento de deberes de funcionario público".

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta una nueva batalla judicial, esta vez en Formosa, donde un juez federal le impuso una multa diaria por no cumplir con una orden que le exigía restituir el pago de pensiones suspendidas a personas con discapacidad. La decisión, que también da inicio a una causa penal contra los funcionarios responsables, es celebrada por el Defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, aunque con mesura.

En una entrevista con el medio La Nueva, Gialluca detalló que si bien la resolución del juez Morán es un paso positivo, no es la meta final. "Nos complace, pero no nos satisface, porque el objetivo que nosotros estamos buscando es que las auditorías garanticen el derecho de las personas con discapacidad", explicó. El Defensor del Pueblo destacó que el procedimiento de auditoría debe ser respetuoso, con plazos legales, y permitir a los beneficiarios presentar la documentación necesaria sin tener que trasladarse.

Gialluca señaló que las medidas del gobierno actual contra las personas con discapacidad, como las suspensiones de pensiones, son parte de lo que el gobierno llama "batalla cultural". Según el Defensor del Pueblo, estas acciones no se justifican con la falta de presupuesto, ya que "plata, sabemos que existe". En cambio, aseguró que "es un capricho, un ensañamiento que hay con el sector de los discapacitados en la Argentina por parte de este gobierno".

A esto se suma una reciente ratificación de la Cámara Nacional de Resistencia, que volvió a fallar a favor de la Defensoría del Pueblo y la asociación Camino Azul, obligando a la ANDIS a pagar todos los beneficios suspendidos. Con este nuevo revés judicial, Gialluca indicó que la única instancia que le queda a la ANDIS es la Corte Suprema de Justicia.

Respecto al número de afectados en Formosa, el Defensor del Pueblo no pudo dar una cifra exacta, pero estimó que son "centenares de discapacitados" en la provincia y "miles en todo el país". Además, denunció que la ANDIS ha dejado de proveer datos, y que en Formosa la oficina de la agencia ha sido prácticamente desmantelada, dejando a una sola persona atendiendo.

Finalmente, Gialluca desmintió los rumores que circulan sobre el alto número de personas con discapacidad en Formosa, afirmando que los datos oficiales indican que la provincia tiene un porcentaje por debajo de la media nacional. "Es un manejo político irregular y mentiroso de los datos", concluyó. La Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir trabajando para que se cumplan las órdenes judiciales y se restable