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Gialluca: “Gendarmería Nacional trabajará para garantizar el cumplimiento del protocolo de libre circulación y liberar la Ruta Nacional Nº 81"

Cruzaron datos con organismos nacionales para dar de baja beneficios de los manifestantes.

En una comunicación telefónica con La Nueva, el defensor del Dr. José Leonardo Gialluca se refirió al corte de la Ruta Nacional 81, que desde el miércoles 13 de noviembre un grupo de 12 personas de comunidades originarias lleva a cabo como protesta por la designación del nuevo director de salud de su comunidad. Según explicó, esta es la primera vez que, en caso de no desalojar la ruta, podría aplicarse la suspensión de los beneficios sociales que perciban los involucrados, además de activarse el protocolo antipiquete.

"La última novedad es que el corte continúa, específicamente a la altura de la colonia de origen Juan Bautista Alberdi. A última hora del día de ayer, fuimos notificados por el Juzgado Federal, a cargo de la doctora López Macé, sobre la citación de varias personas implicadas en el bloqueo, entre ellas Rogelio Quintana, Marcela Medina, Ponte Yorca, Francisco Vera, Juan Cuellar y otros. Estas personas están interrumpiendo el tránsito en el kilómetro 1405 de la Ruta Nacional 81", detalló.

Agregó que estas personas han sido citadas a prestar declaración indagatoria como imputados por infringir el artículo 194 del Código Penal. "El Juzgado Federal también ordenó al Escuadrón 5 de Gendarmería Nacional, con sede en Pirané, aplicar el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de vías de circulación, en cumplimiento de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto se hará siempre respetando los derechos de las personas que están en la protesta, pero buscando resolver la situación".

Asimismo, comentó que la Justicia Federal ha involucrado al Ministerio del Capital Humano, a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a la ANSES. "Esto se debe a que, según las normativas vigentes, quienes cometan este tipo de delitos y sean beneficiarios de ayudas sociales podrían perder automáticamente dichos beneficios".

Sobre el origen del conflicto, explicó: "Este grupo de personas no está de acuerdo con la designación del doctor Felipe Portocarrero Curay como médico permanente y director del Centro de Salud de la Comunidad. Están exigiendo que este profesional sea trasladado al Hospital Estanislao del Campo. Sin embargo, estas designaciones dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, que las realiza en base a antecedentes, necesidades y capacidades. Que un grupo pequeño pretenda imponer decisiones por caprichos o razones que desconocemos ha derivado no solo en el bloqueo de la Ruta Nacional 81, sino también de caminos alternativos".

Finalmente, sostuvo: "Las personas involucradas serán citadas esta misma semana, y quedarán procesadas e imputadas. Paralelamente, Gendarmería Nacional trabajará para garantizar el cumplimiento del protocolo de libre circulación y liberar la vía. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo hemos observado que, aunque las normativas estipulan la suspensión de beneficios sociales para quienes cometan este tipo de delitos, hasta el momento no hemos visto que se aplique de manera efectiva. Esto hace que la ley se perciba como una amenaza sin consecuencias reales, permitiendo que estas prácticas se repitan en detrimento de terceros".

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