El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, se refirió en comunicación con La Nueva al reciente dictamen aprobado en la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública del Congreso de la Nación, que busca declarar la emergencia a favor de las personas con discapacidad.

Se trata de un proyecto de ley que busca dar transparencia y seguridad en torno a los beneficios por discapacidad. Gialluca explicó que ni la provincia de Formosa, ni la Defensoría del Pueblo, ni los estados provinciales se oponen a las auditorías médicas, pero advirtió sobre la necesidad de realizarlas con criterios claros y humanos.

“Las auditorías deben hacerse desde el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con transparencia, respetando los tiempos de los beneficiarios y garantizando que puedan presentar su documentación de manera adecuada. No se los puede obligar a trasladarse largas distancias, cuando muchos de ellos son adultos mayores o tienen dificultades económicas”, afirmó.

En Formosa, la situación es especialmente delicada. Según explicó el Defensor, la delegación local de la Agencia Nacional de Discapacidad fue desmantelada y actualmente sólo cuenta con una persona para atender a toda la provincia. Esto impide brindar un servicio eficiente en un contexto donde todos los trámites se manejan virtualmente.

Gialluca denunció que las citaciones a las auditorías se hicieron sin considerar las realidades territoriales: personas de Herradura fueron citadas en Lucio V. Mansilla, las de Pirané en Las Lomitas, y así sucesivamente, dificultando el acceso de los beneficiarios. A esto se suma que las notificaciones no llegaron a los domicilios reales de los beneficiarios, sino que fueron distribuidas en direcciones aleatorias o comunicadas por medios no oficiales, con textos técnicos difíciles de comprender.

“En otras provincias como Santa Fe, la ANDIS funciona correctamente. Pero en Formosa, con una sola persona sin estructura ni recursos, no hay forma de que pueda atender a toda la población. No tiene siquiera la capacidad de recibir documentación porque todo está estructurado para que el trámite sea digital y presencial al mismo tiempo. Hay adultos mayores que no saben manejar tecnología, zonas sin señal, y páginas caídas”, explicó.

El Defensor advirtió que detrás del desmantelamiento hay una intención del gobierno nacional de reducir el número de pensiones por discapacidad en el marco del ajuste fiscal. “No podemos permitir que el ajuste pase por los sectores más vulnerables. Esto afecta a personas que usan esos 270 mil pesos para medicamentos y alimentos. No pueden trabajar, y necesitan ese beneficio para vivir”, expresó.

Gialluca fue categórico al señalar que si una persona no puede acreditar su discapacidad tras la auditoría, se le retirará el beneficio, como corresponde. “Pero una cosa es auditar con transparencia y otra es poner obstáculos deliberados que terminan perjudicando a quienes sí tienen derecho al beneficio”, enfatizó.

Finalmente, el funcionario remarcó que es fundamental que la Agencia Nacional de Discapacidad cuente con oficinas en Formosa, personal suficiente y puntos de atención móviles en el interior provincial. “No se puede implementar un sistema centralizado y esperar que funcione en provincias donde ni siquiera hay señal de celular. Por eso apoyamos la declaración de la emergencia, para que se garanticen los derechos de estas personas como corresponde”.