El Defensor del Pueblo, Dr. Leonardo Gialluca, anunció en una entrevista con La Nueva el cronograma de pago para la restitución de pensiones sociales que fueron suspendidas o dadas de baja. La medida, que se efectúa en cumplimiento de una orden judicial, beneficiará a más de 16.000 formoseños.

Según Gialluca, el pago se realizará en dos tramos:

• 8 de octubre: Para los beneficiarios con DNI finalizado en 0, 1, 2 y 3.

• 9 de octubre: Para aquellos con DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El Defensor aclaró que la orden judicial abarca a todos los beneficiarios a quienes se les suspendió o dio de baja su pensión debido a las auditorías, sin hacer distinción alguna. "La orden de la jueza fue clara: a todos aquellos a quienes se les haya suspendido o dado de baja, no solo a quienes están incluidos con nombre y apellido en la acción judicial", enfatizó.

Además, Gialluca informó que el listado de los beneficiarios puede ser consultado en el sitio web de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en un enlace específico. También destacó que aquellos que no figuren en la lista pero que fueron afectados por la suspensión serán incluidos gradualmente.

Trámites y presentación de documentación

A pesar de la restitución del beneficio, el Defensor del Pueblo recordó a los beneficiarios la obligatoriedad de presentar la documentación requerida para regularizar su situación. "Quienes no hayan presentado los papeles, es obligatorio que lo hagan", subrayó.

Gialluca desmintió la información sobre la necesidad de presentar un Certificado Médico Único Digital, aclarando que este requisito solo es válido para quienes inician un nuevo trámite. La documentación requerida, como la historia clínica actualizada y estudios médicos, puede ser presentada en soporte papel ante la ANSES, la Defensoría del Pueblo o los puntos de atención que se habilitan en distintos barrios y municipios.

Críticas a la política nacional

Durante la entrevista, el Defensor del Pueblo de Formosa también se refirió a las políticas del gobierno nacional en materia de discapacidad, calificándolas de "incomprensibles". Gialluca aseguró que la Defensoría no levantará las sanciones económicas ni las denuncias penales contra el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilche, hasta no tener la certeza de que todos los beneficiarios afectados sean incluidos y se les pague lo adeudado.

"Este es un gobierno nacional que, con la promulgación de la Ley de Emergencia por Discapacidad, sacó un decreto ordenando que quede sin efecto, supuestamente por falta de presupuesto, lo cual da lugar a juicio político al Presidente de la Nación", sentenció el Defensor, y agregó: "No sé por qué ese odio, esa inquina que se tiene contra un colectivo tan vulnerable como son los discapacitados".