En comunicación con radio La Nueva, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME y vicepresidente regional NEA, Fabián Hryniewicz, analizó el escenario económico previo a la difusión de los datos de inflación, alertando que las cifras oficiales no reflejan el costo real de vida para las familias y los jubilados.

Disparidad entre la macroeconomía y la economía terrenal

• Incompatibilidad con las góndolas: Hryniewicz remarcó que, aunque la desaceleración de los indicadores oficiales sirva para la macroeconomía, no condice con la reposición quincenal o semanal de la alacena ni con la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano común.

• Impacto en insumos básicos: Ejemplificó la crisis mencionando situaciones en farmacias donde adultos mayores deben seleccionar qué medicamentos llevar por falta de recursos, y advirtió que las paritarias o aumentos salariales promedio (como el 2% mercantil) resultan insuficientes para cubrir las subas en tarifas de luz, combustibles, frutas y verduras.

• Cierre masivo de industrias: Cuestionó la postura de los economistas que sostienen un supuesto crecimiento basado únicamente en el sector financiero, señalando que los datos oficiales reflejan el cierre de más de 30.000 fábricas y una pérdida de empleo que destruye el consumo interno y fuerza a los comercios a cerrar o migrar.

Medidas económicas contra el comercio ilegal y el crimen transnacional

• Subestimación del mercado ilegal: El referente de CAME advirtió sobre la sofisticación del comercio ilegal y las plataformas digitales, que sirven de fachada para el crimen organizado transnacional —como el narcotráfico y el contrabando de armamento— a través de pequeños envíos.

• Propuestas legislativas ignoradas: Exigió a los legisladores nacionales tratar de manera urgente los proyectos de ley que CAME ya elevó al Congreso para combatir la ilegalidad con herramientas económicas y no únicamente mediante la intervención de las fuerzas de seguridad en la vía pública.

• Consecuencias de la ausencia estatal: Sostuvo que ante la retirada del Estado y el abandono de la salud, la educación y la producción, se destruye la contención social básica, dejando terreno fértil para la proliferación del crimen organizado en la región.