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El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: se mantienen las pensiones y la actualización por inflación

La norma todavía requiere la reglamentación del Poder Ejecutivo para su implementación.

El Senado de la Nación convirtió en ley, el jueves 19 de noviembre, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y establece un régimen permanente que reemplazará el esquema de emergencia que vence a fin de año.

La nueva normativa mantiene los principales beneficios del sistema vigente, entre ellos las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y su actualización para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Uno de los puntos centrales es que las personas con discapacidad podrán continuar cobrando la pensión y acceder a un empleo registrado o estar inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La ley también garantiza la cobertura médica a través del programa Incluir Salud y conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado para los prestadores. Los valores de las prestaciones tendrán mecanismos de actualización vinculados a la movilidad jubilatoria.

En materia de financiamiento, la norma establece que el Gobierno deberá garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema. Además, si existen deudas pendientes con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarlas en un plazo máximo de 90 días.

Por otra parte, se incorporarán auditorías periódicas mediante el cruce de información de organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS. Las eventuales suspensiones preventivas de beneficios deberán contemplar notificación y mecanismos para que las personas afectadas puedan realizar sus descargos.

Con esta aprobación, el Congreso busca dejar atrás el esquema de emergencia y establecer reglas permanentes para garantizar los derechos y las prestaciones de las personas con discapacidad.

La norma todavía requiere la reglamentación del Poder Ejecutivo para su implementación.

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