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El Gobierno busca aprobar en Diputados la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del Banco Central

En una sesión que se extenderá alrededor de 12 horas, el oficialismo intentará avanzar con dos proyectos de alto impacto:

En una sesión que se extenderá alrededor de 12 horas, el oficialismo intentará avanzar con dos proyectos de alto impacto: el primero endurece las penas contra las empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas y el otro prohíbe que la autoridad monetaria financie al Tesoro con emisión

 

El oficialismo buscará esta tarde en la Cámara de Diputados la media sanción para la ley de la Defensa de la Soberanía Nacional y la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había sido modificada en el Senado.+

El temario también incluirá la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño. Estiman que la sesión durará alrededor de 12 horas.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales renovables o no renovables en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades irregulares. Tras las negociaciones con bloques aliados y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.

La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente y contará con la participación permanente de la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

El nuevo organismo tendrá atribuciones para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá analizar inversiones de Estados extranjeros o compañías de capital extranjero en sectores considerados sensibles, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. Este punto (artículo 111) genera preocupación entre los aliados porque entienden que el gobierno nacional podría sabotear inversiones negociadas por las provincias.

A partir de los reclamos de legisladores aliados, el proyecto incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese cuerpo parlamentario, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte.

La propuesta también incluye penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el fin de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o condicionar decisiones de autoridades.

Si bien el dictamen excluye de esa figura a la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses, desde la oposición advierten que la redacción no es lo suficientemente clara y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales.

De hecho, adelantaron que si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

Durante el debate en comisión, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos, pero los aliados señalaron a Infobae que sólo se hicieron cambios en alguna palabras que no modifican el sentido general.

 

El segundo eje de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió a Diputados luego de que el Senado introdujera modificaciones al proyecto aprobado inicialmente por la Cámara baja.

La iniciativa establece que la entidad tendrá como objetivo principal preservar el valor de la moneda. Además, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

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