La abogada Myriam Maza representa a exagentes del ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social desvinculadas por el Poder Ejecutivo Nacional. El máximo tribunal del país deberá expedirse sobre un recurso extraordinario por presunta violación a la estabilidad del empleo público.

La judicialización por los despidos en organismos del Estado Nacional impulsados por la gestión central alcanzó un hito institucional: la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analiza un amparo presentado por trabajadoras administrativas formoseñas del disuelto Ministerio de Salud y Desarrollo Social (área reestructurada bajo la órbita de Capital Humano y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).

En declaraciones a Radio La Nueva, la abogada patrocinante Dra. Myriam Maza confirmó que la causa arribó al máximo tribunal tras la admisión de un recurso extraordinario federal, posicionando al fuero federal de Formosa entre los pioneros en llevar estos reclamos colectivos hasta la última instancia judicial.

El recorrido judicial y los cuestionamientos constitucionales

El proceso se inició tras el despido de las agentes, quienes denunciaron haber sido notificadas mediante correo electrónico en pleno período estival y sin el debido proceso administrativo de pase a disponibilidad:

• Primera Instancia: La causa recayó inicialmente en el Juzgado Federal de Formosa, a cargo de la Jra. Belén López Macé, donde el amparo fue rechazado.

• Cámara Federal de Resistencia: La alzada confirmó el fallo de primera instancia, lo que motivó la presentación del recurso extraordinario federal, el cual fue finalmente concedido para su revisión en la Corte Suprema.

Maza sostuvo que los despidos vulneraron garantías fundamentales consagradas en la Carta Magna. «Se violó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo que respecta a la estabilidad del empleado público, sumado a la restricción del derecho a la tutela judicial efectiva», argumentó la letrada, haciendo referencia a doctrina fijada por el propio máximo tribunal en precedentes como el fallo Madorrán (citado en doctrina comparada con el caso De Masi).

Asimismo, la querella señaló severas irregularidades en la liquidación de los haberes de baja: las ex-empleadas percibieron depósitos en sus cuentas bancarias sin que el Estado especificara la planilla ni el concepto indemnizatorio, punto en el que los fallos de las instancias previas coincidieron en señalar la falta de claridad oficial.

Citas en decretos oficiales e impacto en el personal

Durante la entrevista, la abogada advirtió sobre la exposición institucional a la que fue sometida una de las trabajadoras afectadas. Según expuso, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 719/26, mediante el cual se rechazaron recursos administrativos en el fuero central citando explícitamente el expediente y la identidad de la trabajadora formoseña como caso testigo de la reestructuración estatal.

«Tomaron su caso con nombre y apellido en el decreto para ejemplificar la aplicación de los recortes. La trabajadora lo vivió como una medida intimidatoria por haber ejercido su derecho a reclamar», manifestó Maza, revelando además la paradoja de que la agente recibió casi en simultáneo una notificación con altas calificaciones por un examen de ascenso de tramo escalafonario que había rendido previamente.

Actualmente, la causa se encuentra a la espera del pronunciamiento definitivo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en un contexto donde las demandantes —sostén de familia de edad avanzada— aguardan una resolución que siente precedente para el resto de los trabajadores estatales del país.