Una presentación judicial ante la Fiscalía Federal revela un entramado de abuso de poder, coacción de testigos y maniobras ilegales para purgar a la oposición. Solicitan la intervención urgente de la Nación.

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) atraviesa sus horas más oscuras. Lo que comenzó como una disputa política interna ha derivado en una denuncia penal de proporciones inéditas contra el Rector Augusto César Parmetler, el Vicerrector Emilio Grippaldi y el Secretario General Académico, Alberto Barbosa. La presentación judicial, a la que se tuvo acceso exclusivo, no solo los acusa de delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad, sino que exige su suspensión preventiva inmediata para evitar la destrucción de pruebas clave.

El "Efecto Mordaza": Sesión sin quórum y purga de Decanos

El núcleo del escándalo radica en la sesión del Honorable Consejo Superior (H.C.S.) del pasado 24 de abril de 2026. Según la denuncia, diez integrantes del cuerpo labraron un Acta de Retiro a las 17:50 horas ante la situación de "violencia institucional sistemática". A pesar de que el propio Rector firmó el acta reconociendo la retirada, la sesión continuó ilegalmente.

Con solo 10 miembros presentes —lejos de los 13 exigidos para el quórum legal por el artículo 50 del Estatuto—, el Rector impulsó la suspensión por 90 días del Decano de Humanidades, Prof. Rafael Olmedo, y el apartamiento preventivo de otros dos decanos electos. "El Rector se ha arrogado la facultad de sancionar unilateralmente a Decanos electos sin el voto del órgano colegiado", reza el escrito, calificando la maniobra como un atentado directo contra el gobierno universitario.

Votos bajo sospecha y conflictos de interés

La denuncia pone la lupa sobre la validez de los votos que permitieron estas sanciones. Se señalan irregularidades que rozan lo delictivo:

• Negociaciones incompatibles: La consiliaria Paredes votó a favor de las sanciones siendo esposa del denunciante, el Secretario Barbosa.

• Jueces y partes: El Decano Merlo y el consiliario Portocarrero votaron la suspensión de Olmedo a pesar de ser testigos en la misma causa, violando la obligación legal de excusarse.

• Incompatibilidad de funciones: La Dra. Arrúa, Directora del Área Legal y Técnica, participó como consiliaria brindando asesoramiento jurídico y votando simultáneamente, algo estrictamente prohibido por la Resolución H.C.S. Nº 080/11.

El pedido de desplazamiento: ¿Por qué Parmetler debe dejar el cargo?

La querella ha solicitado al Ministerio Público Fiscal que se aparte de sus funciones a la cúpula de la UNaF. Los argumentos para esta medida cautelar urgente son demoledores:

• Riesgo de destrucción documental: Los denunciados tienen control absoluto sobre los expedientes y capacidad para "alterar, sustraer o destruir" las pruebas de las irregularidades.

• Coacción a empleados: El personal administrativo que debe declarar como testigo está bajo el mando jerárquico directo de los acusados, lo que genera un riesgo concreto de entorpecimiento por temor a represalias.

• Falsedad Ideológica: Se los acusa de crear documentos públicos con contenido falso al hacer constar una "voluntad del H.C.S." que nunca existió por falta de quórum.

Intervención Nacional y Auditoría

Dada la magnitud del conflicto, la denuncia exige que se libre oficio urgente al Ministerio de Capital Humano, a la SIGEN y a la Procuración del Tesoro de la Nación. Se busca que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto ante la "gravedad institucional" y la violación sistemática de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521).

Entre las pruebas solicitadas, se destaca el secuestro del video oficial de la sesión publicado en Facebook, el cual sería la evidencia definitiva de la falta de quórum y de cómo se impidió físicamente el ingreso al recinto de personas interesadas, a pesar de tratarse de una sesión pública.

Una institución en vilo

La presentación judicial cierra con un pedido de reserva de identidad para los denunciantes, subrayando el clima de hostigamiento en la UNaF. Si la justicia hace lugar a la medida cautelar, la universidad podría quedar acéfala en los próximos días, marcando el fin de una gestión cuestionada por métodos que los denunciantes comparan con un "golpe de mano" institucional.

 El Rector Parmetler queda ahora en el centro de una tormenta legal que amenaza con ser un caso testigo sobre los límites del poder en las universidades nacionales.