La Justicia Federal lleva adelante una causa que investiga la muerte de nueve pacientes internados en terapia intensiva tras haber recibido dosis de fentanilo presuntamente contaminadas. La causa motivó una serie de allanamientos dispuestos por el juez federal Ernesto Kreplak en tres establecimientos clave: el laboratorio HLB Pharma Group S.A., ubicado en San Isidro; su elaborador vinculado, Laboratorios Ramallo S.A., en la localidad bonaerense de Ramallo; y la droguería Nueva Era, situada en el barrio Refinería de Rosario.

En diálogo con La Nueva, el médico infectólogo Julián Bibolini aseguró que en Formosa “por el momento no hay pacientes afectados, pero se inició una investigación para determinar si hubo casos previos vinculados al fentanilo contaminado”, afirmó.

Bibolini explicó que el fentanilo es un analgésico de alto impacto, utilizado exclusivamente en entornos hospitalarios y administrado por vía endovenosa, generalmente a pacientes críticos con respirador o en procedimientos quirúrgicos. Señaló que se trata de un fármaco de uso restringido, cuyo manejo no corresponde a centros de salud periféricos.

Según relató, los primeros casos sospechosos surgieron en una institución donde varios pacientes desarrollaron infecciones bacterianas. A partir de esta situación, se emitió una alerta desde el área de vigilancia farmacológica de las provincias que compraron este lote. “Se identificó un lote específico de fentanilo como potencialmente contaminado. No significa que todas las unidades estén alteradas, pero se ordenó su retiro inmediato del sistema de salud”, indicó el especialista.

Autoridades como la ANMAT intervinieron rápidamente, clausuraron el establecimiento fabricante y lanzaron una alerta sanitaria nacional. “Los hospitales fueron notificados para revisar sus stocks y retirar de circulación cualquier producto correspondiente a ese lote, en la provincia de Formosa se trabajo rápidamente ante esta situación y aun se está trabajando para detectar ampollas de este laboratorio”, aseguró Bibolini.

El profesional advirtió que este tipo de episodios pueden tener consecuencias fatales, ya que la administración de medicamentos contaminados directamente al torrente sanguíneo puede generar infecciones graves y la muerte del paciente.

Asimismo, cuestionó la posible falta de controles preventivos por parte del Estado. “Si se recortan los recursos, los controles sanitarios se debilitan. Para evitar estos episodios se necesita un Estado presente, con personal capacitado, tecnología y presupuesto”, afirmó.

La causa judicial sigue en curso y no se descarta la aplicación de sanciones penales y civiles contra las empresas involucradas, en caso de comprobarse su responsabilidad directa en los decesos. Mientras tanto, continúa el monitoreo epidemiológico en distintas provincias, incluyendo Formosa, para descartar nuevos casos.