El defensor del pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, expresó su preocupación ante el proceso de auditoría de pensiones por invalidez que lleva adelante el Gobierno Nacional. A través de una comunicación con La Nueva, explicó el procedimiento que deben seguir las personas con discapacidad que han recibido una carta documento para revalidar su condición y evitar la pérdida del beneficio.

Desde 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realiza auditorías sobre los beneficiarios de pensiones no contributivas. Sin embargo, en Formosa no existe una oficina de la ANDIS con personal que asesore a los afectados, lo que genera incertidumbre. “Se están enviando notificaciones mediante carta documento, solicitando antecedentes médicos que en muchos casos tienen entre 20 y 40 años de antigüedad. Es probable que muchas personas no los tengan debido a mudanzas o pérdidas”, explicó Gialluca.

El defensor del pueblo también destacó la situación económica de los beneficiarios. “Se trata de personas que en su mayoría alquilan y dependen de una pensión que, con el bono incluido, no supera los 280 mil pesos, destinados principalmente a la compra de medicamentos y alimentos”, señaló. Para facilitar el trámite, el organismo ofrece asesoramiento en sus oficinas de Padre Patiño 831 y en el Centro de Inclusión Digital del barrio Oronote 111, así como en distintas localidades del interior provincial.

Los beneficiarios citados deben presentarse a partir del 18 de marzo en las clínicas privadas indicadas en la notificación y llevar la documentación médica correspondiente. En caso de no contar con ella, se coordina con el Ministerio de Desarrollo Humano para que los hospitales públicos y centros de salud emitan los certificados necesarios.

Uno de los principales problemas que enfrenta este proceso es la reducida cantidad de tiempo disponible. “Los plazos son extremadamente cortos. Desde la notificación, hay solo 30 días para presentar la documentación. Sin embargo, podemos solicitar prórrogas o justificaciones en casos en que los beneficiarios no logren reunir los requisitos a tiempo”, detalló Gialluca.

La magnitud del problema en Formosa es significativa: en la capital provincial hay aproximadamente 18 mil personas afectadas, mientras que en el resto de la provincia la cifra supera las 30 mil. “Los centros de salud están colapsados, ya que personas de clase media con obra social también acuden al sistema público. Es fundamental coordinar esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Humano para evitar que las personas con discapacidad pierdan el beneficio”, afirmó.

El defensor también hizo hincapié en la necesidad de actualizar los domicilios, ya que muchas notificaciones están llegando a direcciones incorrectas. Para ello, los beneficiarios deben acudir a ANSES y realizar el blanqueo de su clave social digital, un trámite que tiene validez por solo 24 horas.

Finalmente, Gialluca cuestionó el enfoque del Gobierno Nacional. “Todo este engranaje parece tener como fin la eliminación de pensiones a sectores vulnerables en nombre del ajuste fiscal. No nos oponemos a las auditorías, pero deben respetarse los derechos adquiridos. Es necesario otorgar plazos más extensos para que las personas puedan acreditar su discapacidad. De lo contrario, muchas perderán un derecho que les corresponde”, concluyó.